30/11/2024
Pidieron llevar a juicio a Marcelo Sain, el ex ministro de Seguridad de Santa Fe acusado de espionaje ilegal
Fuente: telam
La Fiscalía solicitó una condena de 11 años contra el ex funcionario público. Además, está bajo sospecha por presunta asociación ilícita, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, entre otros
>La Fiscalía de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, pidió que la causa por A la espera de la respuesta de la Justicia, el fiscal adelantó que pedirá una condena de 11 años en prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena, es decir, por 22 años. En la instancia oral, también serán juzgados la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman (48), la ex jefa del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Vanina Cotichini (48), el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro (57), el ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez (37) y el ex subsecretario de Control Institucional, Diego Alfredo Rodríguez (44), y la ex empleada de la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard (31).
En el caso de los ex funcionarios que fueron señalados por presuntamente haber participado de las tareas de espionaje, Hernández solicitó penas diferencias, según el nivel de responsabilidad que habría tenido cada uno. De esta manera, Schujman podría ser sentenciada a 9 años en prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por presuntamente haber sido la organizadora de la asociación ilícita. La misma pena podría ser aplicada en el caso de Cotichini.De acuerdo a la información publicada por Rosario3, Álvarez y Rodríguez afrontarían una condena de 5 años en prisión sumado a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asimismo, Bernard podría ser sentenciada a una condena de 3 años de cárcel e inhabilitación. No obstante, no se aclaró cuáles habrían sido los roles que estos tres imputados habrían tenido en el presunto delito.
“El objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, sostuvo el fiscal al explicar que el ex titular de la cartera y las organizadoras habrían puesto en funcionamiento un sistema que permitía la comisión de delitos y garantizaba la impunidad de los involucrados en la causa.
Respecto de la investigación, las autoridades apuntaron que los acusados habrían confeccionado informes de inteligencia que incluía información como, por ejemplo, multas de tránsito, antecedentes penales, registros de salidas y entradas al país, bienes, capacidad financiera y publicaciones en las redes sociales. Asimismo, habrían sumado detalles de la vida privada de los familiares y allegados de las personas que fueron investigadas, los cuales habrían sido obtenidos de bases de datos públicas y privadas, legajos, expedientes penales y de tareas de calle.
Fuente: telam
